ETA y el precio de la paz

Justicia sin ley

En 1949 a raíz del gran sufrimiento al que la población civil fue sometida en la Segunda Guerra Mundial se decidió reelaborar los Convenios de Ginebra que llenaran los vacíos que figuraban en el derecho internacional humanitario que quedaban expuestos por el conflicto. Los cuatro Convenios de Ginebra tienen dos artículos comunes, el 2 y 3 que definen respectivamente conflictos armados internacionales y no internacionales. La aplicabilidad del artículo 3 se acoge a la definición de conflicto armado que en su punto uno reconoce la obligación de ser tratadas con humanidad a las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas. Aunque si hay una definición para conflicto armado, no ocurre así con una definición de terrorismo aceptada por toda la comunidad internacional. No obstante, el proyecto de Convenio General sobre el terrorismo internacional que se debate en el seno de Naciones Unidas, considera en su artículo 2 que “incurre en delito en el sentido de la Convención quien ilícita e intencionadamente y por cualquier medio, cause la muerte o lesiones corporales graves a otra persona o personas, o daños graves a bienes públicos o privados, si el propósito de estos actos es, por su naturaleza o contexto, intimidar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a hacer o dejar de hacer algo”. Lo dicho deja claro que no importa el fin perseguido cuando los medios para conseguirlo son violentos.

España firmó los Convenios de Ginebra en 1952 y los Protocolos I y II en 1989. Hasta ese año la banda terrorista ETA había asesinado desde 1968 a 590 personas entre ellas doce niños. Se ha hecho erróneamente a lo largo de casi cincuenta años una distinción de víctimas civiles y pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, figurando así aún hoy en la web del Ministerio del Interior de España y que es contraria a los Convenios. En España no había un conflicto y por tanto no había combatientes. El II Protocolo Adicional a los Convenio de Ginebra relativo a la protección de las victimas de los conflictos armados sin carácter internacional de 1977 deja claro cual han de ser las garantías fundamentales al trato humano y la prohibición de los actos terroristas pero también la imposibilidad del invocación del Protocolo para intervenir en los asuntos internos de una parte contratante en cuyo territorio tiene lugar el conflicto. Esta distinción es uno de los muchísimos errores que ha conducido a la desprotección internacional ante la situación que vivió España desde el inicio de los actos terroristas.

Francia como Estado sujeto de derecho internacional trató a la banda terrorista ETA como un movimiento o frente de liberación nacional por sus pretensiones políticas quedando así sujetos a una categoría distinta y eximiendo su responsabilidad al tratarse de un tema que debía de ser de exclusiva soberanía española a pesar de contar con tres victimas mortales en el computo de ETA. Durante los años ochenta los miembros de la banda terrorista ETA contaron en Francia incluso, con la categoría de refugiados políticos. No solo no eran perseguidos sino que además se les daba asilo sin que el gobierno español acudiera a instancias internacionales como el hoy despreciado Consejo Europeo o tratando de dar visibilidad en la Asambleas Generales de Naciones Unidas a un problema que traspasaba las fronteras españolas. Sabido es también que los terroristas se instruían en otros países con lo que podía lícitamente apelar a la responsabilidad internacional no solo en cuanto a la persecución efectiva de los mismos que llevaba a cabo Interpol y otros estamentos policiales nacionales e internacionales sino también en un control exhaustivo de  fronteras y la solicitud de ayuda por la imposibilidad de proteger de modo efectivo a la población.

Cincuenta años después de los Convenios de Ginebra, en 1999, se funda el Centro de Dialogo Humanitario Henry Dunant instalado en la misma ciudad suiza. Su especialidad es el fomento del dialogo entre gobiernos y organizaciones involucradas en conflictos sangrientos. No tienen vinculación con ningún Estado ni organismo internacional y está financiada por Cruz Roja Internacional, a cuyo fundador debe su nombre, los países escandinavos, Suiza, Reino Unido, ONU y la Comisión Europea, así como ayudas adicionales de Estados Unidos.

Su método de trabajo consiste en romper el hielo entre los representantes de los gobiernos y de las organizaciones armadas e iniciar un dialogo. El procedimiento establecido para conseguir el acercamiento consiste en ganarse la confianza de ambas partes por lo que los procesos suelen iniciarse en secreto. Si las negociaciones avanzan de modo satisfactorio pueden dar lugar a una declaración de alto el fuego y el inicio de conversaciones formales. Su eficacia la avalan los procesos en Nepal, Burundi, Darfur e Indonesia y custodian una base de datos  sobre los cincuenta procesos de paz que han tenido lugar en el mundo desde el final de la Guerra Fría.

El Centro de Dialogo fue la organización elegida por la banda terrorista ETA para encontrarse con el gobierno de España en 2005 e iniciar un “proceso de paz”. Tras el encuentro de 1999 en Zurich, en el marco de la primera tregua de ETA,  entre la banda terrorista y el gobierno presidido entonces por José María Aznar, Suiza volvÍa a ser país elegido, esta vez siendo José Luis Rodríguez Zapatero presidente, para intentar zanjar el problema del terrorismo que en ese año pasó a ser la segunda preocupación de los españoles desbancado por el paro según las encuestas del CIS de enero de 2005. En Mayo de ese mismo año el Congreso de los Diputados habían aprobado una moción de dialogo con ETA. La primera reunión en Ginebra tendría lugar en junio y en ese momento los actos de la banda terrorista sumaba 818 asesinatos, 77 secuestros de los que 12 terminaron en asesinato, más de un millar de heridos, además de victimas de extorsión económica y cientos de personas amenazadas directamente durante décadas.

Al año siguiente de iniciado el dialogo entre ETA y representantes del gobierno tiene lugar el chivatazo del Caso Faisán cuya sentencia fue hecha pública el 16 de octubre de 2013. En ella se condenaba a los dos únicos imputados no sin mencionar su “gran trayectoria profesional” por descubrimiento y revelación de información. La sentencia recoge como hechos probados que el Jefe Superior de la Policía en el País Vasco Enrique Pamies Medina pidiera al otro procesado Inspector José María Ballesteros Pastor destinado en la Brigada de Información de Victoria, que avisara a Joseba Elosua Urbieta, integrante de la red de extorsión de ETA, de que su cómplice Cau Aldanur, no acudiera a España porque serían detenidos. En la sentencia se justifica la no aplicación del artículo 576 del Código Penal que tipifica  la colaboración con banda armada ya que “la acción realizada por los acusados fue tendente a favorecer el proceso dirigido a hacer cesar la actividad de una organización armada (ETA)” y se hace mención de modo extenso el punto segundo de los hechos probados, a la aprobación por el Congreso de los Diputados del dialogo con ETA en mayo de 2005. Entre líneas y ante la reiteración continuada de la pertenencia de los dos acusados al Cuerpo Nacional de Policía y su carrera brillante puede leerse la inverosimilitud de que ambos actuaran de motu propio, siendo como eran perfectos conocedores de la operación de vigilancia de la red de extorsión de ETA. En el Caso Faisán también estuvo acusado el entonces Director de la Policía Víctor García Hidalgo, siendo revocado su procesamiento en 2011. La semana pasada tras la sentencia, el Partido Popular, una de las acusaciones populares del caso, no hizo declaración alguna en referencia a un posible recurso y ayer, casualmente anunciaba el recurso de casación.

Uno de los puntos más controvertidos por los que ETA rechazaba el anuncio de la tregua era el uso de la palabra “conflicto” en una primera hoja de ruta del dialogo que tuvo lugar en Ginebra desde 2005. Hasta el momento ETA había conseguido que cualquier interlocución con los gobiernos de España diera un carácter político a sus pretensiones y que estuviera siempre latente la conveniencia o no de la negociación. No se planteaba el hecho de que era imprescindible una reforma del Código Penal con un endurecimiento de las penas que pudiera disuadir a los terroristas de seguir con sus actos, que protegiera a las víctimas o sus familiares de tener que convivir con los asesinos incluso en los mismos pueblos y hasta en el mismo edificio y que los amenazados o que aquellos ciudadanos que ya habían sufrido algún intento de asesinato pudieran vivir con la tranquilidad de que los miembros de la organización que pretendía acabar con su vida eran juzgados y condenados consecuentemente.

Sin embargo hasta 1999 no se legalizó en modo alguno el reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. Dicha ley ha sido reformada en septiembre del 2013 con no pocas quejas de las distintas asociaciones de víctimas por su diferente trato. Hasta la redacción de esta última ley no se contemplaba la figura de los amenazados.

En Naciones Unidas apenas hay documentos respecto del seguimiento de los actos terroristas y como estos tenían atemorizada a la sociedad española constituyendo una grave perturbación de la paz de uno de los Estados miembros y un riesgo internacional por la gran movilidad demostrada de los terroristas. Desde el inicio de la etapa democrática, España temblaba cada vez que se interrumpía la programación televisiva y radiofónica para que un avance informativo de nuevo mostrara el horror de una nueva matanza o ejecución.

Sin embargo la Asamblea General de Naciones Unidas se apresuró a mostrar su repulsa del atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid que acabó con la vida de 197 personas, atribuyéndoselo a la banda terrorista ETA, que había negado su autoría mientras el Ministerio del Interior les acusaba de modo tan insistente en un principio, como confuso con el paso de las horas. La pertinencia de dar un nuevo enfoque a la amenaza terrorista tras los atentados del 11 de Septiembre de 2001 en Estados Unidos había alcanzado al fin a Naciones Unidas. El atentado de Hipercor en Barcelona en el que murieron por la deflagración de un coche bomba 21 personas y 45 resultaron heridas no mereció la misma consideración aunque la única  diferencia fuera el número de víctimas y los autores, que esta vez si eran de la banda terrorista ETA, que avisó de la colocación del artefacto y se atribuyó la matanza. Uno de los encausados como autor material fue Domingo Troitiño, también juzgado y condenado por el atentado que acabó con la vida de 12 guardia civiles en Madrid en 1986, a quien el gobierno británico liberará en los próximos días en función de si España mantiene su petición de extradición de 2012 a Londres, tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que declara la ilegalidad de la “Doctrina Parot”.

 En ningún momento se planteo la necesidad de diálogo y negociación con la célula terrorista de Al-Qaeda, presuntos autores del atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que se inmolaron en un piso en la localidad madrileña de Leganés cobrándose la vida de un miembro de los GEO que trataban de detenerlos. A los juzgados por el atentado del 11M se les aplicó el mismo Código Penal que condena los asesinatos sin atender al número de víctimas, al modo en que se les ha ocasionado la muerte o a la perturbación social que puede ocasionar el acto violento cometido. Es racional pensar que entre la consecución de “justicia infinita” que motivó un acto de guerra para perseguir terroristas y la “justicia equitativa” que deja en libertad en veinte o treinta años a asesinos múltiples que además de las victimas acumuladas han atemorizado a la población de un país durante décadas debería existir algún término medio. Circulan teorías que manifiestan que si España ayudaba a ejercer esa omnipotente justicia, tras más de 30 años de combatir la amenaza terrorista en solitario, sería compensada para capturar a los terroristas de ETA a los que seguir juzgando con laxitud, menor que antes de la reforma del Código Penal de 1995, pero equitativa en la condena de un asesinato o varios sin atender al modo y consecuencias. España nunca dejó de perseguir el terrorismo y aunque falta de ayuda, la principal carencia fue una legislación dura y disuasoria.

Los dos actos judiciales de las dos últimas semanas no son más que otra muestra de la nefasta gestión legislativa del problema del terrorismo de los distintos gobiernos españoles.

En 2006, unos meses antes de tener lugar los hechos juzgados en el Caso Faisán, el Tribunal Supremo establecía que se les fuera aplicado con carácter retroactivo a los presos etarras condenados entre 1977 y 1995 la imposibilidad de acogerse a beneficios penitenciarios que les permitiera salir de prisión antes de cumplir la pena máxima de 30 años, la llamada “Doctrina Parot”. Henry Parot, calificado como uno de los terroristas más sanguinarios de ETA, recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo el doble computo penal que fue aprobado en 2006 por el Tribunal Supremo y modificado en 2008 parcialmente por el Tribunal Constitucional. Parot alegaba la medida inconstitucional que le devolvía a prisión ya que se le pretendía aplicar la ley con carácter retroactivo, algo que impide la Constitución Española de 1978 en su artículo 9 entre otras irregularidades legales en las que se incurría si entraba nuevamente en prisión.

La mayoría de los presos de la banda terrorista cometieron atentados en las décadas de los 80 y 90 y fueron juzgados según el Código Penal de 1973 que imponía una estancia máxima en prisión de 30 años y que se aumentó a 40 en la reforma de 1995. La privación de libertad podía reducirse a la mitad realizando trabajos o estudios en prisión y la condena no determinaba cual era el régimen penitenciario del reo.

Se pretende ahora revisar de nuevo el Código para establecer la figura de la prisión permanente revisable para terroristas y casos de asesinato especialmente graves y no está demás recalcar nuevamente el carácter irretroactivo de la justicia española y la vigencia de la cosa juzgada por la se impide un nuevo proceso judicial con sentencia firme para el mismo hecho.

El lunes 21 de octubre de 2013, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que España aceptó sin reservas cuando entro a formar parte del Consejo Europeo en el año 1977, cuatro años después de la aprobación del Código Penal vigente, fallaba a favor de la terrorista Inés del Río que apeló la aplicación de la Doctrina Parot en última instancia a dicho Tribunal. Se ha criticado desde entonces la incapacidad de los jueces de la Gran Sala para entender la situación vivida en España desde el año 1968 a causa del terrorismo de ETA. Se atribuye al miembro español del tribunal Luis López Guerra, irresponsabilidad por no haber sabido “educar” y convencer al Tribunal de Estrasburgo que falló en contra de la Doctrina Parot con 16 votos a favor y dos en contra y al que se supone imparcial e independiente por su propia naturaleza y tal y como la Constitución Española y la legislación europea reconoce ha de ser la justicia. Pocos son sin embargo los que se hacen eco de la aplicación estricta de la Constitución Española de 1978 así como de la legislación europea en materia de derechos humanos a la que España como Estado miembro está sujeta. El Tribunal de Estrasburgo garantiza este respeto a los derechos humanos y cualquier persona puede acudir a él si cree que le han sido vulnerados pero ningún gobierno integrante puede pretender que acepte las chapuzas legislativas integradas in extremis en la legislación de ningún país parte del Consejo Europeo.

España no solo no reformó su Código Penal en función de la evolución social democrática sino que además se niega sistemáticamente a una reforma casi imprescindible de la Constitución Española redactada, refrendada y con entrada en vigor con carácter de urgencia en un momento histórico del país que en nada se parece afortunadamente al actual.

Ni entonces ni ahora se atiende a la necesidad de legislar a largo y medio plazo y se priorizan temas sin importancia en función de las preferencias de los votantes del partido que ostenta el gobierno, denostando las verdaderas necesidades hasta que no se produce un hecho dramático que cree alarma social que durante cuarenta y cinco años no fue suficiente para regular el derecho penal español. Desgraciadamente no es baladí recordar que la función de los parlamentos de turno es legislar, la de los gobiernos ejecutar lo legislado y la de la justicia juzgar, es decir, hacer cumplir las leyes que los elegidos por el pueblo dictan y ejecutan.

Los terroristas que amedrentaron a la sociedad española durante cuarenta y cinco años han cumplido condena y cuentan con una edad que no hace presagiar continúen con sus actividades. Las pretensiones políticas con las que justificaban el terror se mantienen desde la legalidad que confieren los partidos políticos en los que se han reconvertido quienes mantienen el ideario que otrora se pretendía imponer con masacres y miedo.

Si el Código Penal se hubiera reformado durante la sangría terrorista de los años ochenta se hubiera previsto que los familiares de los asesinados, los heridos y amenazados por la banda terrorista ETA no tendrían que sufrir el dolor de ver como salen de las prisiones al amparo de la ley sus verdugos sin haberse arrepentido ni pedido perdón en la mayoría de los casos.

Se justifica la conveniencia de la aplicación de la sentencia de la Doctrina Parot por parte de algunos sectores, a que ETA ha dejado su actividad asesina desde 2010 anunciando el cese de su actividad armada en 2011 con 829 asesinatos en su haber, que el fin de la banda terrorista es inminente y es necesario hacer concesiones y adaptarse a la nueva situación. Sin embargo los hijos, esposas y amigos de los asesinados llevan años y así continuarán el resto de su vida en una situación permanente de dolor. Gobierne quien gobierne ya nada puede impedir que vivan en libertad aquellos que asesinaron a los suyos o los amedrentaron durante años ante la inacción legislativa y que aunque han cumplido largas condenas no han mostrado el más mínimo arrepentimiento. En tan lícito como comprensible que ni perdonen ni olviden porque bien poco se he hecho para facilitar lo uno y lo otro.

Quienes miran hacia un horizonte en paz con los ojos llenos de lágrimas deberían ser un revulsivo para quienes legislarán a costa de un pasado lleno de dolor y quienes en el presente lo utilizan para justificar su incapacidad y las leyes que ahora tachan de injustas, y que a pesar de todo mantienen el orden democrático vigente y han garantizado unos derechos para todos los ciudadanos fueran o no merecidos.

Silvia Brasa. 2013

Francisco I: el Papa párroco."Obras, no palabras"

Vientos huracanados de cambio y esperanza para los católicos.

El catolicismo es la segunda religión con más seguidores  en el mundo-1.200 millones- tras el islamismo, que cuenta con más de 1.600 millones de adeptos. Ambas creencias cuentan con dos diferencias estructurales fundamentales: la Iglesia Católica tiene un líder personificado en la figura del Papa, que es a su vez el jefe del Estado Vaticano. Esta es una excepción política que hace posible la existencia de un microEstado, el país más pequeño del mundo, con soberanía y competencias plenas dentro de otro Estado, el italiano. Aunque existen otros cinco microEstados en Europa, ninguno tiene el poder ni la influencia con la que cuenta la Ciudad del Vaticano. Junto con Irán son las dos teocracias actualmente existentes en el mundo, aunque a diferencia de la primera, el Vaticano no cuenta con un Parlamento.

Su existencia data de 1929, fruto de la firma de los Pactos de Letran y que acaba con la hegemonía del Reino Italiano sobre los Estados Pontificios conquistados y sometidos desde 1870. El calendario gregoriano que rige en casi todo el mundo y comienza el recuento con el nacimiento de Jesús de Nazaret, marca también el inicio del papado en la figura del apóstol Pedro en el siglo I d. C.

La Iglesia Católica, tras dos milenios de existencia, ha estado marcada por los cambios propios de la evolución histórica, controversias y conflictos debido a sus luchas de poder internas y externas y escándalos de todo tipo pero, su influencia y seguidores no han dejado de aumentar.

Desde mediados del siglo XX, con el Papa Juan XXIII el Vaticano comienza a jugar un papel relevante en política internacional como no ostentaba desde la época de las conquistas y cristianización del siglo XV. De alguna manera era un modo de redención de la inacción del Papa Pio XII ante el holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial. El Concilio Vaticano II  promovido por Juan XXIII supondría el ideario que reactulizaría la Iglesia Católica admitiendo la necesidad de un cambio que la adaptara a la sociedad de la época. 

Sus predecesores seguirían en esta línea y el carisma y presencia de Juan Pablo II personificaría la modernización de la Iglesia. El Papa supo estar a la altura de los cambios políticos mundiales de las  décadas de los ochenta y noventa y fue un actor activo e influyente. Sin embargo, el final del siglo XX, también estaría marcado por un profundo cambio en los valores éticos y morales producto de décadas de guerras, postguerras, guerras frías, globalización y revolución tecnológica condensadas en cien años.

El laicismo se extendió por Europa a lo largo del siglo pasado, al punto de que el 75% de los católicos no son europeos. El continente africano parece ir resistiendo el empuje del islamismo del norte, sin embargo Sudamérica pierde cada vez más adeptos en beneficio de las iglesias evangelistas.

La institución eclesiástica católica por su doble vertiente como organización política y religiosa ha sido fuertemente criticada por ser considerada hipócrita su pugna por el poder y engrandecimiento material, cuando la doctrina que inspiró al catolicismo es la descrita en los evangelios, interpretados y reinterpretados al antojo de los líderes católicos. Cuando uno de los votos de los miembros activos de la Iglesia es la pobreza, no se entiende la ostentación, ni la lejanía de la realidad de la sociedad mundial cada vez más estratificada económicamente.

El año de las sorpresas vaticanas.

El siglo XXI, tras el fallecimiento de Juan Pablo II, da lugar a dos hechos inéditos que han sorprendido a los fieles católicos y a todo el globo. La elección de Ratzinger, cardenal fundamentalmente teólogo y que a lo largo de su papado se alejó paulatinamente de otras confesiones religiosas, y de la realidad política mundial dio lugar al destape de multitud de escándalos que desprestigiaban a la institución a pasos agigantados. Su renuncia al papado, hecho recogido en el derecho canónico pero nunca llevado a cabo por ningún Papa, que hasta el momento finalizaban su mandato al fallecer, estaría rodeado de incógnitas y especulaciones por su falta de fortaleza y determinación para lidiar con el creciente deterioro de la Iglesia y las luchas internas de la Curia por aumentar su poder y salir indemne de todos los desmanes.

A la despedida de Benedicto XVI, le continuaría el cónclave que debía designar al nuevo Papa. Aunque muchos pronosticaban que el pontificado recaería sobre un cardenal sudamericano por primera vez en la historia y no pocos apostaban por una cada vez más acuciante necesidad de reforma de la Iglesia, azotada por una profunda crisis de confianza, Jorge Mario Bergoglio latinoamericano y jesuita, no figuraba en ninguna de las quinielas de los posibles papables.

El camarlengo, tras la fumata blanca, anunciaba a un nuevo Papa que con el nombre de Francisco I, se presentaba con una cruz de madera en el pecho, sin oros y rechazando la ampulosidad que rodeaba todos los rituales de vestimenta o primeras declaraciones tras su nombramiento. “Se acabó el carnaval” se dice que fueron sus palabras cuando le instaron a calzar los zapatos rojos característicos del sumo pontífice y vestir la esclavina roja. Desde primera hora, Francisco I iba a dejar clara su apuesta por la renovación y la cercanía al pueblo que sellaría con su talante crítico, su actitud alegre y cercana y su austeridad y sencillez.

En solo seis meses de pontificado la presencia del nuevo Papa en los medios de comunicación es constante y permanente por sus declaraciones, que invitan a pensar en una verdadera vuelta a la auténtica fe cristiana, los valores y dogmas que deben regir la Iglesia Católica. La impensable idea de un nuevo Concilio Universal, se baraja cada vez con menos timidez entre los defensores de los nuevos vientos que soplan en el Vaticano.

Los sectores más inmovilistas de la Curia, escuchan en voz de su nuevo jefe, la necesidad de la austeridad y el fin de los escándalos financieros de las operaciones del Banco Vaticano. Aludiendo al voto de pobreza que no rige en el poder vaticano y declaraba que “los obispos no pueden tener psicología de príncipes”.

La tan criticada falta de condena firme y la evidente necesidad de actuar contra los múltiples casos de pederastia que han sacudido al catolicismo y a toda la sociedad mundial, ha sido encarada por el Papa Francisco con una reforma del Código Penal Vaticano.

“El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”

“La iglesia no puede hablar solo del aborto, los homosexuales y el condón” declaraba Jorge Mario Bergoglio en una entrevista a Civiltà Catolica en septiembre de 2013.

En el avión que traía de regreso a Francisco I de las Jornadas Mundiales de la Juventud celebradas en Río de Janeiro a principios de septiembre de 2013, respondía durante hora y media a las preguntas de los periodistas que le acompañaban. Algo inédito en los líderes mundiales actuales, el Papa respondía sin tapujos a todas las preguntas de los medios. La necesidad de información, de la comunicación con claridad y sencillez sobre en qué consiste su proyecto como jefe de la Iglesia Católica es algo que Francisco parece tener presente en todo momento. Cada una de sus declaraciones, cada homilía, cada ángelus dominical constituye un titular porque las palabras de Bergoglio son las que la mayoría de los miembros de su Iglesia y buena parte de la sociedad escandalizada por el anacronismo, la lejanía de las necesidades sociales actuales, el rechazo rotundo e hipócrita por abordar cuestiones que parecían tabú deseaba oir. También suponen un motivo de especulaciones sobre hasta que punto la poderosa Curia y sus sectores más conservadores van a aceptar las palabras de su nuevo Papa.

Aunque Francisco se atiene a la postura de la Iglesia ante el aborto, resulta difícil creer que acepte que una madre muera, aunque el feto fecundado no tenga esperanza alguna de vida y aunque el rechazo al aborto en el seno de la Iglesia es tajante, cabe la posibilidad de que al fin se flexibilicen los supuestos extremos que condenan a la muerte a la madre del no nato.

“¿Quién soy yo para juzgarlos?” se preguntaba Francisco cuando le interpelaban respecto de su parecer sobre los homosexuales. Aunque tampoco se ha desmarcado de las pautas eclesiásticas, cabe la posibilidad de que el nuevo Papa no pueda quedarse impasible sabiendo que en países como Uganda,  Arabia Saudí, Yemen, Somalia, Nigeria, Irán, Mauritania o Sudán persiguen y condenan a muerte a homosexuales y lesbianas.

En un mundo donde el Sida sigue cobrándose la vida de miles de personas anualmente especialmente en los países menos desarrollados, Ratzinger dejó de condenar el uso del condón como método de prevención del contagio.  Es harto dudoso que se produzca una aceptación del uso de los métodos anticonceptivos no naturales, ya que el catolicismo apuesta por la familia, la sexualidad como forma de reproducción humana y por la vida…

Vida a la que da a luz una mujer relegada a un segundo plano cuando no al ostracismo por la Iglesia católica a lo largo de toda su existencia. Ni el papel evangélico de María, madre de Jesús, como madre y educadora de ese hombre fuente de fe cristiana ha sido capaz de mitigar la culpa de Eva, promotora del pecado original. Para los príncipes de la Iglesia, la mujer sirve poco más que para procrear y aquellas que entregaban su vida a la causa, tampoco han sido justamente reconocidas. Teresa de Calcuta hizo replantearse muy seriamente a la curia romana hasta que punto los cristianos católicos eran conscientes del papel de la mujer. “Es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia” declaraba el Papa en la entrevista a Civiltà Catolica. Hoy mismo Francisco insistía en el tema: “Sufro, y os digo la verdad, cuando veo en la Iglesia o en algunas instituciones eclesiales que el papel de la mujer queda relegado a un papel de servidumbre y no de servicio. Veo mujeres que hacen cosas de servidumbre y no de servicio”.  Los rumores del posible nombramiento de una mujer cardenal crecen.

"La religión tiene el derecho de expresar sus opiniones pero Dios nos hizo libres en la creación".

Reconocido como el líder mundial mas influyente en Twitter, cuenta ya con más de ocho millones de seguidores en la nueva era de redes sociales que tampoco ha descuidado.  Lejos del debate sobre el papel de las religiones en el mundo actual, lo cierto es que en un momento de incertidumbre mundial en tantos aspectos sociales, el Papa Francisco no deja indiferente a nadie. Se ha ganado el cariño y la atención de la comunidad internacional indistintamente de sus creencias. 

Es un hecho innegable que los millones de católicos del planeta cuentan con un nuevo Papa que vive en la realidad, que no tiene reparos en abordar el nuevo escenario mundial de frente con cada una de sus palabras. Su cercanía ha hecho que muchos le hayan rebautizado como el Papa Párroco pues, su claridad parece la de cualquier cura de parroquia pequeña y sus homilías carecen de la grandilocuencia que se le supone a un líder mundial espiritual.

Los encargados de su seguridad viven en un vilo permanente por su indisciplina protocolaría y el Papa Móvil blindado que Juan Pablo II comenzó a utilizar tras el atentado que casi acaba con su vida en 1982, permanece en el garaje Vaticano desde la renuncia de Benedicto XVI. Alegaba una "necesidad psiquiátrica" a su empeño de tener cerca a los trabajadores de la Curia, renunciando a vivir en el Palacio Apostólico para ocupar un apartamento en la Residencia de Santa Marta donde el ascensor reservado para él, permanece inutilizado porque prefiere el de servicio.  

Hoy mismo instaba a “ser cristianos con obras, no con palabras”. Francisco I apunta maneras de querer ser, ese líder que de ejemplo con sus propias obras que precedan a sus palabras.

Silvia Brasa. 2013

Complejos y prejuicios. La necesidad de una cultura de defensa

La ausencia de percepción de necesidad lleva a que la sociedad no contemple un posible cambio de escenario que desestabilice la convivencia pacífica cotidiana. La sensación de seguridad no confiere así necesidad de defensa.

Las generaciones posteriores a las dos grandes guerras convivieron además con la amenaza permanente de que la guerra fría sufriera un dramático calentamiento. Esta situación  hizo posible el creciente desarrollo de la diplomacia, con el fin de impedir que se produjera un nuevo enfrentamiento mundial más devastador. La sociedad actual conoce los horrores de la guerra pero, en su mayoría, no los ha vivido, resultando anacrónicas las causas y consecuencias de los conflictos de la primera mitad del siglo XX.

Una de los efectos secundarios propios del intento de no repetir errores pasados fue el nacimiento de un pacifismo heredado en las conciencias de las presentes generaciones de la sociedad mundial. Sin embargo, la evolución histórica, tecnológica, política y social, así como la mutación de las amenazas y el surgimiento de nuevos actores desestabilizadores del orden establecido, no han supuesto una paralela adaptación en muchos casos de la filosofía pacifista.

Particularizar en España el pacifismo, toma una dimensión compleja por el carácter propio de la historia del país, en que la última gran guerra fue interna. Más de cuarenta años de autoritarismo y  la complejidad del cambio de sistema político posterior han marcado los cambios psicosociológicos que caracterizan a los españoles.

El pacifismo español, que más bien es un antimilitarismo surgido de los  traumas propios de la historia reciente, carece en muchos casos de la perspectiva del cambio de rol de España tras la integración completa en todos los estamentos internacionales, así como del nuevo papel, que como actores globales le toca desempeñar.

Aunque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son las instituciones más valoradas por los españoles, sus funciones, en especial las de las Fuerzas Armadas situadas en tercer lugar tras la Guardia Civil y la Policía Nacional, son poco conocidas.

El Ejército español cuya visibilidad operativa de cara al público, se reduce a la intervención en misiones exteriores humanitarias y catástrofes naturales internas y externas, ha sido la institución estatal que mejor y más rápido ha sabido adaptarse al orden político democrático vigente. Sus actuaciones son muy valoradas tanto por los españoles como por la comunidad internacional, no solo por su profesionalidad en el desempeño de sus funciones, sino también por el carácter empático propio del país que se vuelca sin paliativos ante una situación de desestabilización de cualquier tipo.

Por desgracia, ese pacifismo mal entendido, se focaliza en la necesidad de la fuerza armada, imprescindible para el mantenimiento del orden en determinadas situaciones. Ello revierte los discursos, enfatizando el carácter ofensivo de la fuerza, ignorando que la defensa, por su propia naturaleza y con las reglas del juego del derecho internacional público y humanitario vigente es la verdadera y única función de los ejércitos modernos.

Formar parte de la Comunidad Internacional conlleva la seguridad del apoyo mutuo en caso de ruptura del status quo imperante, pero requiere a su vez la responsabilidad de ser parte activa en el mantenimiento del orden y la concienciación de que lo que ocurre más allá de las fronteras del Estado propio, cada vez más difuminadas por el empeño de crear unidades regionales fuertes, afectan a toda la sociedad internacional. La globalización ha supuesto entre otras muchas cosas, una movilidad humana hasta ahora desconocida, que a su vez implica una convivencia multicultural, multirracial, multiétnica, multiidelógica y multirreligiosa de difícil asimilación, ya que la mente humana, en primera instancia, suele percibir como amenaza todo aquello desconoce.

Es utópico e irresponsable presumir que los nuevos actores del teatro mundial, no deseen la supremacía propia o la imposición de sus rasgos, que consideran superiores y que la democratización de valores y principios éticos, aceptan o rechazan en función del grado en que cumplen con estos. La decisión de la mayoría, propia de los sistemas democráticos, se ha extrapolado a la de la comunidad internacional global. Como todas las decisiones, en muchos casos no implican que sean acertadas por más que se revelen como mayoritarias.

Así, en España, hay una percepción confusa que lleva a priori, al sentimiento de rechazo cuando se interviene de modo activo para cumplir con el deber de salvaguardar los derechos derivados de su papel exterior. En gran medida, esto se debe a que el sistema político parece negarse a aceptar que la sociedad que surgió con el sistema democrático, tiene casi cuarenta años y ha madurado. La sobreprotección derivada de la fragilidad con la que nació la Constitución Española vigente es en parte una de las causas que pretenden justificar que se ha descuidado una educación ciudadana, de cara a la asunción de responsabilidades y aceptación de factores sin los cuales no hubiera sido posible el desarrollo eficaz de la sociedad actual.

Complejos y prejuicios se han ceñido especialmente en el Ejercito Español que por su pasado de actor principal en las élites de gobierno, rasgo propio de cualquier sistema autoritario, es injustamente tratado y valorado como un ente renovado y perfectamente adaptado que, sin embargo, conserva intactas las características que lo definen: honor, sacrificio, abnegación y obediencia en beneficio del mantenimiento del orden estatal establecido. Los rasgos propios de Ejército  dificultan en gran medida una mayor transparencia en sus actuaciones, su carácter disuasorio, imprescindible para repeler posibles amenazas lo justifican, pero ello no es motivo para que se considere que la ciudadanía no está preparada para conocer su carácter funcional.

Una encuesta del CIS que preguntaba acerca de las profesiones mejor valoradas por los españoles, así como del conocimiento que se tenía de estas, revelaba que se desconoce mayoritariamente las labores de un oficial de carrera y que estos eran peor valorados que los efectivos de tropa profesionales a los que dirigen. Es cuanto menos curioso, que desconociéndose las funciones del elemento que confiere unidad a un conjunto y logra su correcto funcionamiento sea peor valorado que cada uno de los componentes de dicho conjunto cuando unos y otros son imprescindibles. Hoy en día, la rescatada necesidad del liderazgo como motor director de equipos eficientes, se mezcla con la defensa de la horizontalidad que rechaza la necesidad de estructuras piramidales, lo que aún hace más variada la opinión ciudadana.

Asombra como los “pacifistas” ignoran conscientemente que salvo errores puntuales el Ejercito ante todo, ha cumplido de manera eficaz y eficiente los deberes encomendados, a costa de lo que cualquier ser humano considera el bien más valioso, la propia vida, ensuciando incluso determinadas acciones o inacciones al atribuirle decisiones meramente políticas, en las que el Ejército por su propia naturaleza, ni participa ni discute.

Los Jefes de Estado Mayor y los Generales que han ocupado los cargos de más relevancia en la administración militar son personas anónimas para la mayoría de la sociedad y pese a encarnar la responsabilidad de la seguridad y la defensa del Estado no se han destacado ni por su carácter belicoso ni por su ideologización, algo que no ocurre en ninguna otra institución estatal ni en todos los países democráticos. Al contrario, en su mayoría se revelan como defensores de la paz intra y extraterritorialmente y servidores del pueblo sin reservas. Resulta así más difícil entender ese pretendido pacifismo, que pugna por una reducción del presupuesto asignado al Ministerio de Defensa por una simplista comparación con las dotaciones de otros ministerios que se creen más útiles y necesarios. Es un sinsentido que nadie alce su voz de manera significativa por el dinero público empleado en el Ministerio del Interior, cuando las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son velar en su conjunto por el mantenimiento de la convivencia pacífica y del normal desarrollo de la vida de los ciudadanos. Tampoco estos pretendidos pacifistas se rasgan las vestiduras por el presupuesto empleado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación por más que un fallo en la diplomacia o un conflicto que afecte a países aliados y amigos que no sea resuelto en negociaciones pueda desembocar en la necesidad del recurso a las Fuerzas Armadas.

La utopía de un mundo sin ejércitos, no deja de ser eso, un pensamiento irrealizable cuando la lucha por los recursos, la imposición de creencias o las pretensiones territoriales van a seguir existiendo como modo de vida humano. Lo cierto es que en la actualidad, gran parte del mundo con sus problemas y carencias convive con la relativa tranquilidad de la inexistencia de una amenaza inminente de sus vidas cotidianas. Las instituciones que lo propician son una máquina bien engrasada cuyas piezas son necesarias e imprescindibles. Cada una cumple una función específica y en su mayoría suelen ser consideradas de modo justo y racional por las sociedades que las sostienen y a las que sirven. Al Ejército en cambio, en España y a aquellos defensores de su necesidad, se le ha etiquetado con ideologías que rechazan radicalmente y sigue teñido de prejuicios tan injustos como injustificados. Con la amenaza del terrorismo nacional adormecida pocos parecen recordar que sus ideales pretendían una independencia territorial de unos pocos individuos  asesinando a miembros de las instituciones que representan el buen funcionamiento del Estado y a sus compatriotas ciudadanos, ensañándose especialmente con sus defensores directos. El terrorismo internacional, una nueva amenaza surgida en el siglo XXI, atenta directamente contra la sociedad civil que se revelaría indefensa sin nadie que vele por su seguridad, ni sea capaz de asegurar su defensa.

Por mucho que una de las misiones de las Fuerzas Armadas sea también la de velar por la integridad territorial, ninguno de sus miembros se ha revelado ante las pretensiones independentistas de algunos territorios por tratarse exclusivamente de cuestiones políticas y porque dentro de la institución militar la ausencia de fisuras en cuanto a su visión de Estado es absoluta. La sumisión de todo el Ejército a su misión constitucional es total y aun estando sus miembros cada vez mejor y más formados en absoluto carecen de criterio y pensamientos propios como seres humanos individuales. No alzan la voz, tienen por obligación ser un modelo de conducta y sencillamente trabajan para que todo siga funcionando según las normas a las que están sometidos pero ello no implica la ausencia de crítica para tratar de mejorar la institución o la lucha por sus propios derechos.

Complejos y prejuicios llevan a que la sociedad en muchos casos no valore con el debido respeto que los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que pierden su vida, sus compañeros, familiares, amigos y una buena parte de la ciudadanía sean conscientes, de que los caídos en acto de servicio tenían como principal misión, velar por que la mayoría ni siquiera se cuestione, que se va a despertar cada día con la cotidianeidad de la ausencia de la amenaza por su propia vida o la del resto de la sociedad y que incluso, en países lejanos, haya personas dedicadas a paliar las amenazas que se ciernen sobre millones de seres humanos.

 Silvia Brasa. 2013